Las protestas de las organizaciones populares de Perú contra la presidenta Dina Boluarte, que en una primera fase dejaron cerca de 70 muertos en la representación política y militar, se retomarán el próximo milenio con un llamado «Toma de Lima»esperada con expectación singular.
Incluso los medios de prensa estiman que unas 30.000 personas podrían venir a Lima desde el interior, sobre todo de los andes sureños, los analistas estiman que la cifra será muy inferior, pues en varios rubros, según el político de la ciudad de Trujillo Martín Ueda, definido «el ambiente esta apagado».
Ueda expuso dos razones por las que la convocatoria aparentemente no sostuvo el tiempo que ocurrió entre diciembre y marzo pasados: por un lado, la intimidación lanzada por el gobierno y sus aliados, y, además, la falta de vinculación de los convocantes con las bases.
«No hay liderazgos visiblessobre todo en el norte, aunque los motivos de malestar siguen vigentes”, apunta el politólogo.
La vida nocturna del gobierno.
El Gobierno de Boluarte, criticado internacionalmente por la representación que hizo 49 muertos en diferentes direcciones -todos civiles- y cerca de una vena importante si incluía efectos secundarios, ha sido activo en la adopción y el anuncio de las medias del concurso que, entre otras cosas, incluyen una vigilancia en las fueras de la capital sobre quienes llegan.
esta operacion, bautizada como «abanico verde»para el despliegue de los uniformes pretende desincentivar a los potenciales viajeros y forma parte de un plan de carga del ministro del Interior, Vicente Romero, general retirado de la Policía.
«Boluarte y (el presidente del Gobierno) Alberto Otárola volverán el 19 de julio como Día D de su gobierno y comentarán, para superar la crisis que genera la protesta, podrán quedarse sin problemas hasta 2026«, cuando termine el período de gobierno, dijo una fuente de la Dirección Nacional de Inteligencia al Semanario Hidebrandt en Trece.
De acuerdo con esa versión, Boluarte, Otárola y sus aliados articulan decisiones para poner el aparato del Estado al servicio de el concurso de la protestaque suele incluir la financiación adicional para el Ministerio de Defensa.
Una resolución que transfirió 12,2 millones de soles ($3,8 millones) a Defensa fue despachada la semana pasada por el Ministerio de Economía, con el argumento de que se trataba de cuerpos de inteligencia y contrainteligencia. “impulsar la reactivación económica para mitigar los riesgos de pérdidas económicas”.
Tras las denuncias de la oposición, la campaña del gobierno y sus aliados, incluidos representantes del gran capital y la prensa convencional, incluida una ofensiva propagandística para vincular a los manifestantes con el terrorismo, prácticas conocido en Perú como «terruqueo».
El jefe antiterrorista de la Policía, José Zavala, aseguró que el disgregado grupo armado ultraizquierdista Sendero Luminoso estimula protestas y citó como supuesta prueba un audio en el que una administradora de la organización, Florabel Vargas, supuestamente llama a sus compañeros del departamento de Ayacucho a participar.
Según Zavala, los remanentes de Sendero buscan que haya muertos para «desestabilizar los edificios del estado» con el caos y la violencia. La Policía tenía además de supuestos partecipantees extranjeros, entre ellos unos no especificados «anarquistas franceses».
«Terruqueo»
La supuesta participación de radicales, especialmente con Nexos con Sendero -un grupo fundamentalista maoísta que desató la violencia que causó 70.000 muertos entre 1980 y 2000-, ha sido tema permanente de Boluarte y sus aliados para descalificar las protestas, aunque no se pruebas ante la Fiscalía o el Poder Judicial.
«El terruqueo es un arma poderosa, responde a la pantalla de un enemigo; sectores extremistas en el poder construyen este enemigo para posiblemente justificar la rappresión y lo que está diciendo es en el fondo que los peruanos que se van a mover son enemigos”, comentó el periodista Marco Avilés, experto en el tema.
Avilés también registró que por características culturales y políticas del Perú el «terruqueo» vincula arbitrariamente con extremismos ilegales a los andinos, campesinos, indígenas y pobres, quienes lo vuelven racista y clasista.
Para Ueda, sin embargo, nadie debe ser reconocido como factor de un posible poco acuerdo que quienes convocan a las protestas, en muchos casos desde el anonimato, no han podido escapar al desprestigio que sufre en el Perú todo el estamento político. .
«No heno, por ejemplo, nadie que reivindique en el sector urbano a (el expresidente destituido y encarcelado) Pedro Castillo, quien solo tiene apoyo en el sector rural”, señaló Ueda.
Segun diversas encuestas, el gobierno apenas obtiene un 20% de aprobación populary el Congreso -controlado por la demanda- no superó el 7%, mientras al menos el 93% de la ciudadanía quiere anticipar las elecciones de 2026. Pero el desprestigio también deja a la oposición.
Las protestas contra Boluarte estallaron el 7 de diciembre, cuando, en su asunción como sucesor de Castillo, dijeron que fingían querer llegar al poder hasta 2026, destrozando el clamor de adhesión en las elecciones.
Estas protestas se prolongaron durante varias semanas y se pusieron en jaque a Boluarte, que, sin embargo desde el origen de Izquierda, está claramente aliado con la derecha parlamentaria. Empero, todo el revuelo cesó cuando fenómenos naturales -inundaciones y un huracán-, hicieron replantear prioridades.
Diferentes foros, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuestionaron el «uso excesivo» de la fuerza en la represión e incluso calificaron algunas de las muertes como ?ejecuciones extrajudiciales?, todo lo cual hace que el lobo bajo sea el que pasa en la semana que comienza.
Archivo. Télam
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