Doce años después de que los liberales de derecha (VVD) aislaran políticamente en Países Bajos al líder ultraderechista Geert Wilders, este ha conseguido ser mayoritario en el próximo Gobierno con su Partido por la Libertad (PVV). El VVD es, además, una de las cuatro formaciones de derecha presentes en el acuerdo de coalición logrado este miércoles. Wilders ganó las elecciones de noviembre de 2023 y le ha costado casi seis meses de negociaciones auparse al poder ―en el Parlamento lleva 26 años―, si bien no será primer ministro. El dirigente carecía de apoyos para ocupar ese cargo y tanto él como los otros tres cabezas de lista de los partidos de la coalición permanecerán en el Congreso. Ahora buscan una figura de consenso que encabece el futuro Ejecutivo que desarrollará el acuerdo alcanzado, que prevé pedir a la Comisión Europea no participar en la política de asilo y migración.
El líder ultra ha respaldado este jueves el acuerdo. “El sol volverá a brillar en Países Bajos. Hoy estamos escribiendo historia”, ha dicho, para luego recalcar las razones de su júbilo. “Mi partido entra en el centro del poder. De ser el mayor de la oposición pasaremos a ser el mayor del Gobierno”. Frans Timmermans, líder de la alianza entre socialdemócratas y ecologistas, ha respondido que Países Bajos, “necesitado de reconciliación y de tender puentes, pone ahora en el corazón del poder a alguien que lleva 20 años dividiendo”. Exvicepresidente de la Comisión Europea, Timmermans se prepara para encabezar la oposición en el Parlamento.
El pacto ha sido cerrado por el grupo de Wilders y otros tres partidos de derecha: Nuevo Contrato Social, Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD) y el Movimiento Campesino-Ciudadano (BBB). El documento se titula Esperanza, coraje y orgullo y es un “acuerdo marco” listo para ser trabajado y perfilado por el nuevo Gobierno en un programa concreto. Puede haber, por tanto, cambios e incluso algún contratiempo que reavive las diferencias. A lo largo de 26 páginas y 10 capítulos, se anuncia la apertura de una nueva senda para ganarse la confianza de los ciudadanos, porque “la política y el Gobierno, a pesar de sus buenas intenciones, han perdido puntos en los últimos años al no tomarse siempre en serio las preocupaciones de la gente”. El cuarteto subraya que Países Bajos “es un socio constructivo de la Unión Europea”, pero también “muy crítico con una mayor expansión de la UE”.
A partir de ahora, el consejero de Estado Richard van Zwol buscará junto con los cuatro partidos a las personas consideradas idóneas para componer el Ejecutivo. Se espera que el proceso dure unas cinco semanas. El próximo miércoles, el Congreso debatirá el acuerdo alcanzado.
El último Gobierno neerlandés de centroderecha, encabezado por el VVD, cayó al enrocarse en su intento de reducir la reunificación familiar de refugiados. Ahora, los partidos del acuerdo plantean las medidas de asilo más estrictas de la historia reciente del país. Contemplan “la expulsión de los solicitantes rechazados, incluso por la fuerza, en la medida de lo posible”, y la supresión de la reagrupación familiar automática. También pretenden derogar la actual ley de reparto equitativo de solicitantes de asilo por todo el país.
Además, la coalición quiere pedir permiso a la Comisión Europea para no participar en la política Europa de asilo y migración y un mayor control fronterizo. En caso de “crisis”, es decir, si la presión sobre la acogida es demasiado alta, el pacto aborda dotarse de medios para denegar temporalmente nuevas peticiones de asilo. Tanto aquí como en el caso de la política climática, la coalición en ciernes mira hacia Bruselas en busca de exenciones. Sin embargo, las normas comunitarias son de obligado cumplimiento para los 27 socios y no está claro el recorrido final de algunas de las propuestas.
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Según el pacto de coalición, Países Bajos seguirá apoyando a Ucrania “política, militar, financiera y moralmente contra la agresión rusa”, y debe fijarse por ley la norma de la OTAN de aportación del 2% del PIB para los gastos de defensa. Al tiempo que se constata “el derecho a la existencia y seguridad” de Israel, el documento anuncia la intención de “evaluar” el traslado de la Embajada de Países Bajos de Tel Aviv a Jerusalén.
En la mesa negociadora ha participado Dilan Yesilgöz, cabeza del VVD, el partido de Mark Rutte, primer ministro saliente. Ella levantó el bloqueo contra Wilders durante la campaña electoral de noviembre de 2023. Declaró que no deseaba excluir a otros partidos a la hora de formar Gobierno y eso favoreció a su rival en las urnas. La victoria de Wilders generó un malestar en el seno del VVD que no se ha disipado por completo. El partido ha aprobado por unanimidad el pacto y Yesilgöz ha dicho que asume la responsabilidad de “unos Países Bajos estables, seguros y fuertes”.
La influencia de Pieter Omtzigt, exdiputado cristianodemócrata y fundador de Nuevo Contrato Social, otro de los nuevos socios, se nota en el apartado dedicado a la “buena gobernanza” que plantea reformas a largo plazo. Entre ellas, un nuevo sistema electoral —sin detallar aún— para “reforzar el vínculo regional entre votantes y elegidos”. Deben darse pasos, por otro lado, para crear un Tribunal Constitucional. La “seguridad de subsistencia” ha sido otra de sus prioridades, y aparece la promesa de una reducción del impuesto sobre la renta y el mantenimiento de la casi gratuidad de las guarderías. El seguro médico básico es obligatorio en Países Bajos, y bajará a la mitad —hasta 165 euros— el importe deducible de la parte de gastos sanitarios abonada por el usuario. La subida de la prima de asistencia sanitaria se compensará en parte con una reducción del impuesto sobre la renta.
Omtzigt ha tenido grandes roces con Wilders y llegó a levantarse de la mesa en febrero pasado para luego regresar. Ha hecho bandera de la integridad del Estado de derecho y lamentaba “los planes anticonstitucionales” del programa electoral de su colega, en especial en materia de inmigración. A medida que pasaban los meses, sin embargo, la necesidad de dar al país un Gobierno ha ido ganando terreno.
Otros puntos del acuerdo prevén reducciones en el número de funcionarios y asesores gubernamentales y un recorte de 100 millones de euros del presupuesto de la radiotelevisión pública. En el ámbito de la seguridad nacional, Países Bajos reforzará la lucha contra el crimen organizado y el blanqueo de dinero, con “un esfuerzo redoblado para confiscar bienes” en este ámbito. Las penas para delitos graves, como el terrorismo y los de carácter violento y sexual, serán más duras. En Educación, las escuelas darán prioridad absoluta a la lectura, escritura y cálculo, y los métodos de enseñanza “deben ser políticamente neutrales”. También la educación sexual será “explícitamente neutra” y adaptada a la edad de los alumnos.
La mano de Caroline van del Plas y el Movimiento Campesino-Ciudadano (BBB) es visible en el capítulo de Agricultura y Pesca, que indica que Países Bajos “no debe seguir aplicando sobre la naturaleza una política más ambiciosa que el resto de Europa”. Se trata de “hacer lo posible” para adaptar las directivas europeas para reducir la contaminación por nitrógeno, y de “recalibrar” las zonas Natura 2000 de protección de la biodiversidad diseñadas por la Comisión Europea. Tampoco se quiere achicar a la fuerza la cabaña ganadera, sino que la venta sea voluntaria, y se propone construir cuatro nuevas centrales nucleares. Greenpeace ha dicho que el acuerdo “respira” miedo al cambio.
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