En la jerga política británica se llama “ping-pong parlamentario”. Ocurre cuando una ley salta de la Cámara de los Comunes a la Cámara de los Lores y viceversa, hasta que una de las dos da su brazo a torcer y acepta las enmiendas del contrario. El primer ministro británico, Rishi Sunak, estaba dispuesto a cerrar las puertas del Parlamento este lunes —en sentido figurado— y tirar la llave al mar, hasta que consiguiera sacar adelante la medida a la que ha vinculado el éxito o fracaso de su mandato: la ley de deportación de inmigrantes a Ruanda. Una conjura de lores independientes y laboristas lleva casi cuatro meses bloqueando la aprobación del texto con modificaciones adicionales.
Sunak quiere enviar los primeros irregulares al país africano para el mes de julio, dentro de 10 o 12 semanas. Admite así que no podrá cumplir su promesa anterior de comenzar las deportaciones durante la primavera.
“Durante casi dos años, nuestros rivales han intentado usar todos los trucos posibles para bloquear los vuelos [a Ruanda] y permitir que los botes [con inmigrantes irregulares] siguieran llegando a nuestras costas. Se acabó. No más engaños. No más retrasos. El Parlamento se reunirá hoy y votará sobre este asunto, sea lo tarde que sea. Se acabaron los peros. Estos aviones partirán hacia Ruanda”, ha asegurado Sunak en una rueda de prensa programada para incrementar la presión sobre los diputados en un día que va a ser de enorme relevancia política.
Dos son los escollos finales planteados por la Cámara alta. El laborista Desmond Browne, que fue ministro de Defensa en el Gobierno de Tony Blair, ha reclamado que todos aquellos afganos que colaboraron con las fuerzas británicas durante la última invasión de aquel país queden excluidos de las posibles deportaciones. Y el independiente David Anderson ha logrado forjar una coalición de lores que reclama la creación de una comisión que revise de modo independiente si Ruanda es realmente un país seguro al que pueda delegarse la gestión de los inmigrantes irregulares.
A media tarde del lunes, la Cámara de los Comunes rechazaba las dos enmiendas y las enviaba de nuevo, sin las correcciones reclamadas, a los lores. Las dos cámaras se preparaban para una larga sesión que, según aventuraban algunos, podía llegar a prolongarse hasta la madrugada del martes. El Gobierno se ha mostrado firme en su negativa de cambiar una sola coma del actual texto, pero no puede descartarse que, finalmente, acabe aceptando la enmienda referente a los colaboradores afganos.
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Vuelos reservados
“Puedo confirmar que ya tenemos preparado un aeropuerto, y hemos reservado vuelos comerciales chárter con horarios comprometidos. Hemos entrenado a 500 personas para acompañar a los inmigrantes ilegales [sic] hasta Ruanda, e incorporaremos otras 300 en las próximas semanas”, ha anunciado Sunak. “El primer vuelo despegará dentro de 10 o 12 semanas. Algo más tarde de lo que queríamos, pero siempre dejamos claro que este procedimiento llevaría su tiempo”, ha advertido.
Sunak vinculó el éxito de su mandato, a los pocos días de entrar en Downing Street, con la promesa de poner freno a la inmigración irregular. El eslogan Stop the boats (Detengamos los botes, en referencia a las embarcaciones con personas que intentaban cruzar el canal de la Mancha) presidía cada comparecencia del primer ministro para abordar un asunto que, según todos los sondeos, se había convertido en una obsesión de los votantes conservadores.
El acuerdo con Ruanda para comenzar a deportar inmigrantes fue idea de Boris Johnson, y muchos de sus críticos consideraron entonces que se trataba de la última ocurrencia para distraer la atención pública de todos los escándalos que asediaban entonces al primer ministro. La idea, sin embargo, cobró vuelo por sí misma. Sunak la abrazó hasta convertirla en un compromiso propio y, desde entonces, la batalla entre el Gobierno por un lado, y los tribunales, el Parlamento, las organizaciones humanitarias y la opinión pública, por otro, se ha vuelto cada vez más cruenta.
En junio de 2022, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos suspendió en el último minuto el primer vuelo destinado a Ruanda, al que apenas habían embarcado media docena de personas después de una avalancha de recursos que dejó en tierra a muchos de los inmigrantes que el Gobierno británico pretendía deportar.
Poco después, fueron los propios tribunales del Reino Unido —un tribunal de apelación, primero, y finalmente el Supremo— los que declararon ilegal un plan que planteaba muchas incertidumbres respecto a la seguridad de los deportados.
Presionado por el ala dura de su partido, que reclamaba incluso al Gobierno que ignorara la Convención Europea de Derechos Humanos en materia de inmigración, Sunak sacó de la chistera un nuevo texto legal, la llamada Rwanda Safety Bill (Ley para Proclamar Ruanda un País Seguro). Además de proclamar legalmente, con un tono voluntarista, que Ruanda es un lugar seguro, para calmar así las posibles dudas de los jueces, el Gobierno británico cortaba en seco cualquier posibilidad de que los inmigrantes irregulares que fueran a ser deportados pudieran recurrir la decisión ante la justicia. Solo aquellos que se enfrentaran a un “riesgo real, inminente y probable de sufrir un daño grave e irreversible”, que padecieran unas dolencias graves, físicas o mentales, que hubieran sido víctimas de torturas o que tuvieran tendencias suicidas, podían ser excluidos.
Es esa ley, que paradójicamente sigue pareciendo débil e ineficaz por excesivamente garantista al ala más reaccionaria del Partido Conservador, la que Sunak quiere aprobar este lunes a toda costa. Al menos 150 personas han sido ya escogidas para realizar las primeras deportaciones, que deberían realizarse antes del verano. El primer ministro quiere tener ya una victoria parlamentaria que ofrecer a los votantes y a su propio partido antes del 2 de mayo. Ese día se celebran elecciones municipales por toda Inglaterra. Los sondeos vaticinan un nuevo descalabro de los tories, que podrían llegar a perder hasta 500 representantes locales.
Aunque Sunak ha reiterado su voluntad de que no haya elecciones generales hasta el próximo otoño, una derrota superior a la prevista encendería los ánimos internos en el Partido Conservador. La idea de tener que afrontar una nueva moción de censura en el grupo parlamentario, como las que derrotaron a Theresa May, Boris Johnson o Liz Truss, podría fácilmente llevar al primer ministro a la decisión de convocar por adelantado las urnas.
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