La presión local e internacional está aumentado contra el régimen autocrático de Venezuela para intentar impedir la manipulación de las elecciones del próximo año en las que el líder del chavismo, Nicolás Maduro, buscará una nueva reelección.
Un total de 72 organizaciones no gubernamentales y asociaciones sindicales y empresarias del país caribeño reclamaron al régimen, mediante un comunicado, “garantizar la integridad de los procesos electorales futuros” y cesar “la criminalización de las voces disidentes”.
Horas antes, una veintena de senadores norteamericanos, del oficialismo demócrata y la oposición republicana, enviaron una nota al canciller Antony Blinken reclamándole acciones para un libre juego en los comicios generales del año próximo en Venezuela. Reprochaban la proscripción de los principales lideres opositores, la última de ellas, la dirigente liberal María Corina Machado.
Entre tanto las organizaciones civiles de Venezuela en su comunicado reclaman que “la persecución del Estado venezolano a través de la criminalización de las voces disidentes debe cesar. Es obligación del Estado dirigir sus acciones en garantizar la integridad de los procesos electorales futuros y prevenir hechos de violencia electoral”.
El mensaje está firmado por organizaciones de todo el país y difundido por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).
En el texto se instó al Estado a que se garantice y respete, “sin discriminación, el ejercicio a los derechos a la libertad de expresión, la libertad de asociación y a la participación política de la ciudadanía, de actores de la sociedad y de partidos políticos”.
El grupo manifestó su preocupación por “el aumento de hechos de violencia e intimidación en la fase preelectoral” de eventos como las primarias opositoras del 22 de octubre, en las que el antichavismo elegirá al candidato que enfrente al oficialismo en las presidenciales de 2024.
Condena a sindicalistas
La denuncia de las Ong’s y de los dirigentes políticos proscripto incluyó también la represión por parte del régimen, que se define como socialista, de las protestas de los sindicalistas por mejoras salariales y en las relaciones laborales.
Un hecho paradigmático de esos abusos ha sido la condena de 16 años de prisión impuesta recientemente a seis sindicalistas que fueron detenido entre el 4 y el 7 de julio de 2022 tras encabezar varias protestas por aumentos de salarios.
Sostienen que esas penas funcionan como una advertencia para evitar cuestionamientos a un sistema de alta concentración del ingreso con una pobreza extendida en la mayoría del país. Días atrás, el régimen proscribió al Partido Comunista, un ex aliado del chavismo, que denunció el giro en extremo autoritario con códigos de dictadura civico militar que le ha impuesto al sistema el propio Maduro.
“Estamos enfrentando un régimen criminal que metió preso a 16 años de cárcel a seis sindicalistas que estaban protestando porque les estaban volando toda la contratación colectiva”, afirmó la ex legisladora y candidata opositora Machado.
La denuncia citó además los actos de intimidación y hostigamiento que sufren las organizaciones no gubernamentales, además de la intervención judicial de asociaciones civiles como la Cruz Roja Venezolana y partidos políticos que son tomados por supuestos opositores designados por el oficialismo para participar en las elecciones.