La Comisión Europea ha abierto este miércoles un nuevo expediente a Hungría por su deriva autoritaria. En esta ocasión, a Bruselas, que todavía mantiene congelados 21.000 millones de euros del país centroeuropeo por repetidas vulneraciones del Estado de derecho, le preocupa el nuevo paquete legislativo de defensa de la soberanía nacional aprobado en diciembre y que, entre otros, reforma el código penal para castigar con hasta tres años de prisión la financiación extranjera de actividades políticas y crea una oficina para la defensa de la soberanía con amplias competencias de investigación.
La decisión de enviar a Budapest una carta de emplazamiento es el primer paso de un procedimiento de infracción que, en última instancia, puede acabar ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) de Luxemburgo. La apertura de este nuevo expediente se une a los diversos contenciosos que tiene abiertos Orbán con las instituciones europeas por sus constantes ataques al Estado de derecho, que han llevado al Parlamento Europeo a declarar que Hungría no es una democracia, sino un “régimen híbrido de autocracia electoral”. En 2018, los eurodiputados activaron además el arma más potente de los tratados europeos, el artículo 7, que puede acabar con la suspensión del derecho de voto en el Consejo de la UE.
La lista de potenciales violaciones de la legislación europea que Bruselas ve en esta nueva normativa denunciada por la oposición húngara y ONG por su inspiración, dicen, en las tácticas rusas de acoso a la disidencia, es muy larga. Según ha explicado la Comisión en un comunicado, el paquete legislativo que entró en vigor a finales del año pasado, vulnera varios “valores democráticos” y libertades garantizadas en la UE. Entre otros, señala, va en contra del principio de democracia y de los derechos electorales de los ciudadanos europeos. Y viola además “varios derechos fundamentales consagrados en la Carta Europea de Derechos fundamentales”, como el derecho a la vida privada, a la protección de datos personales, la libertad de expresión e información, la libertad de asociación o el derecho a un juicio justo.
El de infracción es un procedimiento que Hungría, muy cuestionada por sus reiterados ataques a la independencia judicial o minorías como el colectivo LGTBI, conoce bien. La Comisión sigue reteniendo más de 21.000 millones de euros de los fondos de cohesión a la espera de que realice reformas que garanticen el Estado de derecho. El pasado diciembre, justo cuando en Budapest se estaba aprobando el nuevo paquete legislativo que amenaza con provocar un nuevo choque con el Ejecutivo europeo liderado por la alemana Ursula von der Leyen, este liberó una parte de los fondos retenidos, 10.200 millones de euros. Aunque Bruselas afirma que lo hizo tras considerar que el Gobierno de Orbán ha cumplido parte de los pasos que le requería Bruselas para proteger la independencia del poder judicial, la decisión fue muy criticada al ser anunciada justo antes del Consejo Europeo en el que Hungría amenazaba con vetar la ayuda financiera europea a Ucrania si no se descongelaban sus fondos. Finalmente, Orbán cedió en esa cita y permitió que los demás jefes de Estado y de Gobierno europeos tomaran la decisión política de abrir con Kiev negociaciones de adhesión a la UE. Mantuvo, sin embargo, su veto a los 50.000 millones de euros programados para ayudar al país invadido por Rusia, lo que obligó a los Veintisiete a celebrar una cumbre extraordinaria el pasado 1 de febrero para aprobar por fin los fondos sin veto húngaro. La aprobación de la ayuda salió adelante, aunque la posición de Orbán amenaza con seguir planteando trabas a la UE para el desembolso de dinero a Kiev.
El Gobierno de Orbán ha respondido que Bruselas y lo que denomina “la izquierda del dólar” —con lo que se refiere a partidos y sociedad civil crítica— ataca esta ley porque “está diseñada para impedir la influencia extranjera mediante el dinero de [George] Soros”, el multimillonario de origen húngaro contra el que Budapest ha dirigido buena parte de sus ataques los últimos años. El TJUE, de hecho, declaró en 2020 ilegal una ley de Orbán diseñada para cerrar las universidades de Soros en el país.
La nueva normativa crea una oficina de defensa de la soberanía nacional dedicada a “detectar e investigar” actividades extranjeras o del interior que “podrían poner en peligro la soberanía” húngara, “influir en los resultados de las elecciones” o en la “voluntad electoral”. Además, incluye unas enmiendas que endurecen la legislación electoral y el código penal al introducir el delito de “influir ilícitamente en la voluntad electoral”, castigado con hasta tres años de cárcel.
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La ley húngara ha sido denunciada por más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil, que acusan a Orbán de querer “intimidar, disuadir y silenciar” a las voces críticas de cara a las elecciones europeas y municipales de este año. “Un país donde se intimida a la gente para que no represente sus propios intereses no es una democracia”, afirmaron las ONG en un comunicado conjunto en diciembre. “Al insinuar que detrás de cada posición crítica hay intereses extranjeros, las autoridades desprecian a sus propios ciudadanos cuando pretenden intimidar, disuadir y silenciar a quienes participan activamente en la vida pública”, advirtieron.
Ahora, Budapest tiene un plazo máximo de dos meses para replicar a la carta de Bruselas. Si el Ejecutivo europeo considera que la respuesta no atiende las preocupaciones expresadas, evaluará enviar un dictamen motivado, es decir una solicitud formal para hacer cumplir el derecho de la UE, que es el último paso previo a elevar el asunto ante el TJUE, al que puede pedirle que imponga sanciones al país infractor.
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