Estados Unidos ha anunciado que no renovará las licencias al petróleo y el gas que había concedido a Venezuela a cambio de una apertura democrática del país. Washington había dado hasta abril para que el chavismo se retractara del veto para presentarse a las elecciones presidenciales a María Corina Machado, la principal figura de la oposición, pero la contundencia con la que se han mostrado el presidente Nicolás Maduro y sus allegados respecto a la inhabilitación de la dirigente ha llevado al Departamento de Estado a anunciar el martes que la tregua que se habían dado ambos países está en el alambre. Pese a que en la práctica se trata de hechos consumados, ya que la cúpula del chavismo recalca que el veto a Machado es inamovible, el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, indicó este miércoles que Caracas tiene hasta la primavera para cumplir con el compromiso de permitir unas elecciones libres y justas.
El 18 de abril vencerán las autorizaciones dadas a empresas petroleras para negociar con Venezuela y las expectativas que esto generaba en el sector de que podrían prorrogarse —en vista de las contracciones que vive el mercado energético mundial, con dos guerras en curso— han tocado techo tras la respuesta que ha dado Washington. Venezuela ha replicado de inmediato para denunciar lo que considera un chantaje. Responde en los mismos términos de transacción en los que se ha planteado la negociación de una salida electoral a la larga crisis política en el país sudamericano.
La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, advirtió que quedarán suspendidos los vuelos de deportación de migrantes que se implementaron desde Estados Unidos a Caracas, para aliviar la presión interna sobre la Administración de Joe Biden por la llegada masiva de ciudadanos venezolanos y de otras nacionalidades a sus fronteras. “Si dan el paso en falso de intensificar la agresión económica contra Venezuela, a pedido de los extremistas lacayos en el país, a partir del 13 de febrero quedarían revocados de manera inmediata los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos, y pasaría a revisión cualquier mecanismo de cooperación existente como contramedida frente al deliberado intento de golpear a la industria del petróleo y gas venezolano”, dijo Rodríguez en su réplica al portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.
La elección del 13 de febrero se debe a que ese día, según una actualización del Tesoro estadounidense, quedarán sin efecto las primeras licencias con relación a las transacciones con oro venezolano.
Para Estados Unidos, “las acciones de Nicolás Maduro y sus representantes, incluido el arresto de miembros de la oposición” y “la prohibición de que candidatos compitan en las elecciones presidenciales de este año”, son inconsistentes con los acuerdos firmados en Barbados en octubre pasado. En el documento aclaran que la Licencia General 44, que desde noviembre pasado brinda alivio al sector de petróleo y gas de Venezuela, “a falta de avances entre Maduro y sus representantes y la opositora Plataforma Unitaria” no se renovará cuando expire dentro dos meses y medio.
Washington insta a regresar a los acuerdos de Barbados, que el chavismo asegura cumplir y la oposición denuncia que han sido completamente violados. “Continuaremos trabajando con la comunidad internacional y todos los actores democráticos pacíficos de todo el espectro político en Venezuela y aprovecharemos los mecanismos a nuestra disposición para alentar el retorno a los principios del acuerdo de Barbados”, reitera Washington.
Venezuela ha decidido seguir adelante hacia unas elecciones a su medida, en las que ha dejado en el camino a la principal candidata escogida en primarias, María Corina Machado, que lidera por amplio margen las encuestas. Ahora el chavismo está favoreciendo candidaturas de otros sectores minoritarios —en ocasiones aliados del chavismo— a las que con el precario apoyo que mantienen podrían vencer. El jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, ha dicho que la próxima semana se fijará la fecha de las elecciones y se definirá el proceso electoral. En cualquier caso, el chavismo no dará marcha atrás a la inhabilitación de Machado, considerada amañada por expertos y de la que no pudo siquiera defenderse en un juicio.
El conflicto venezolano es un perro que se muerde la cola. Una vez más, tras un proceso en el que se produjeron algunos movimientos en el tablero, la situación vuelve a estar cerca del punto muerto en el que ha estado antes, con el riesgo de que la interlocución directa que habían logrado Washington y Caracas, después de las conversaciones secretas en Doha, se cierre de nuevo.
“La República Bolivariana de Venezuela repudia los más recientes intentos de chantaje e intromisión en sus asuntos internos por parte del Gobierno de los Estados Unidos de América, que constituyen un ultimátum contra toda la sociedad venezolana y, que mediante la coerción y la amenaza, busca imponer el golpismo, desconocer las instituciones de la República, aplicar nuevas medidas coercitivas, y desestabilizar la economía venezolana y el bienestar de su pueblo”, señaló el canciller venezolano Yvan Gil.
Una vez alcanzados objetivos parciales, como la entrega por EE UU de Alex Saab, aliado del Gobierno venezolano e informante de la DEA, y el alivio temporal de las sanciones, el chavismo ha otorgado unas difusas concesiones a la oposición y nuevamente se ha atrincherado. Desde que en 2019 se impusieron las sanciones sectoriales, el Gobierno venezolano aprendió a navegar en medio del cerco impuesto por Estados Unidos. Fue Saab, precisamente, el que se convirtió en el operador financiero del Gobierno en ese contexto hasta que en 2020 fue detenido en Cabo Verde y luego extraditado a Estados Unidos.
El presidente de PDVSA, Pedro Tellechea, ha convocado una rueda de prensa este martes para asegurar que la industria petrolera está preparada para cualquier circunstancia, ante el desafío que supone el regreso de las sanciones. Tellechea dijo que las medidas tomadas por Estados Unidos también tendrán consecuencias en el país norteamericano, pues, aseguró este responsable, sus inventarios de crudo están bajos.
La industria petrolera ha intentado remontar la producción que llegó a sus mínimos por años de falta de inversión, malos manejos y la inmensa corrupción, que se agravó desde la aplicación de las sanciones. De llegar a producir 3,2 millones de barriles diarios, Venezuela rozó los 400.000 en 2020, el peor año. Este volumen ha ido en aumento hasta llegar a unos 800.000 barriles diarios gracias la flexibilización de las operaciones a las empresas mixtas que tiene el Estado con Chevron, Eni y Repsol, sin impactos sustanciales en la situación económica del país, en el que se ha logrado controlar la inflación con un costo demasiado alto en la contracción del consumo.
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