El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha firmado este jueves un decreto inédito contra colonos israelíes por su participación en ataques en el territorio ocupado de Cisjordania. Es la medida más contundente contra ciudadanos del país aprobada por un Gobierno estadounidense y se produce en medio de la creciente frustración de Biden con el primer ministro Benjamín Netanyahu (que gobierna en alianza con el nacionalismo religioso, punta de lanza del movimiento colonizador), por su rechazo a la creación de un Estado palestino para resolver el conflicto de Oriente Próximo.
De momento, la norma impone sanciones financieras y prohibiciones de obtener visado a cuatro personas que participaron en actos de violencia contra palestinos o activistas israelíes, así como amenazas e intentos de destruir o apoderarse de sus propiedades. Las sanciones tienen por objeto impedir que utilicen el sistema financiero de Estados Unidos y prohibir a sus ciudadanos que traten con ellos.
El decreto abre además la puerta a sancionar a más personas que participen de forma directa o indirecta en acciones violentas o amenazas contra ciudadanos palestinos (miles de los cuales tienen también nacionalidad estadounidense) o dañen sus propiedades. En el texto aparecen definidas como “acciones terroristas”.
Entre los cuatro primeros sancionados figuran David Chai Chasdai, por liderar un ataque a la localidad palestina de Huwara en el que murió un palestino y decenas de colonos quemaron numerosas casas y coches, y Einan Tanjil, por atacar granjeros palestinos y activistas israelíes con piedras y bates. Otro, Shalom Zicherman, fue grabado agrediendo a activistas israelíes y sus vehículos. Se encuentra imputado. El cuarto, Yinon Levi, ha liderado con frecuencia grupos de colonos para amedrentar palestinos, principalmente beduinos, desde una granja-asentamiento cercana, un medio para tomar tierras que ha ido ganando peso en los últimos años. Ninguno tiene nacionalidad estadounidense.
Los ataques de colonos a palestinos se han multiplicado desde el ataque de Hamás el 7 de octubre y el inicio de la guerra en Gaza. Se acercan al medio millar, con ocho muertos, según datos de la oficina de coordinación de asuntos humanitarios de la ONU.
“Desestabilización regional”
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“Estas acciones socavan los objetivos de la política exterior de Estados Unidos, incluida la viabilidad de una solución de dos Estados y la garantía de que israelíes y palestinos puedan alcanzar las mismas cotas de seguridad, prosperidad y libertad”, dice la orden firmada por Biden. “También socavan la seguridad de Israel y tienen el potencial de conducir a una desestabilización regional más amplia en todo Oriente Medio, amenazando al personal y los intereses de Estados Unidos”, añade.
El primer ministro Netanyahu ha lamentado la decisión de la Casa Blanca. En un comunicado difundido por su oficina, asegura que su país ya “actúa contra todos aquellos que vulneran la ley en cualquier lugar, por lo que no resultan necesarias medidas inusuales en este asunto”. Además, subraya que “la inmensa mayoría de quienes se han asentado en Judea y Samaria [nombre bíblico y oficial de Cisjordania] son ciudadanos que cumplen la ley” y “muchos de ellos luchan estos días como fuerzas regulares o reservistas en la defensa de Israel”. Su ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, vinculado al movimiento colono, ha reaccionado con más dureza: “La campaña ‘violencia de los colonos’ es una mentira antisemita difundida por los enemigos de Israel […] Es una pena que el Gobierno de Biden coopere con ella”.
Entre 2005 y junio de 2021, el 92% de las investigaciones de este tipo de delitos se cerraron sin imputaciones y solo un 3% acabó en condena, según Yesh Din (Hay justicia, en hebreo), una organización israelí de derechos humanos que sigue el tema. La ONG concluye, según datos de la policía, que el número de imputaciones a israelíes por daños a personas es seis veces menor si la víctima es palestina. En Cisjordania, al ser territorio militarmente ocupado, los palestinos están sujetos a la legislación castrense, mientras que los alrededor de 500.000 colonos judíos que viven allí son juzgados de acuerdo a la normativa civil del país, en tanto que ciudadanos israelíes.
Biden ha firmado el decreto en el mismo día en que tiene previsto viajar a Míchigan, el Estado del país con más población árabe. El presidente acude allí a dar un mitin tras recibir el apoyo del sindicato del motor, United Auto Workers, pero llega a un territorio donde ha sido muy criticado por su apoyo a Israel.
El presidente ha prometido que los responsables de la violencia rendirán cuentas. A finales de octubre declaró que la violencia de los “colonos extremistas” equivalía a “echar gasolina” a los ya ardientes incendios de Oriente Próximo. “Tiene que acabar. Tienen que rendir cuentas. Tiene que acabar ya”, afirmó.
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