Amnistía Internacional ha alertado por primera vez en su informe anual de la “amenaza” que supone el descontrolado avance de la inteligencia artificial (IA) para los derechos humanos si esta no se regula a tiempo. El documento, que analiza la situación de derechos y libertades en 155 países durante 2023, advierte de que esta tecnología puede “acrecentar las desigualdades raciales, aumentar la vigilancia y amplificar el discurso de odio en internet”. Además, condena las violaciones del derecho internacional humanitario en escenarios como la guerra de Gaza y la invasión de Ucrania.
La ONG, con sede principal en Londres, pone de relieve los “riesgos y los daños asociados” de la inteligencia artificial, por lo que hace un llamamiento a los gobiernos para que tomen medidas legislativas para regularla de manera urgente. El Parlamento Europeo aprobó en marzo una ley sobre esta materia —pionera en el mundo—, pero para la organización se quedó corta, pues “no fue lo suficientemente lejos como para prevenir los perjuicios e incluso podría contribuir a la expansión y legitimación de las actividades de vigilancia de la policía y las autoridades de migración”. Precisamente, el estudio señala a la vigilancia, a través del reconocimiento facial y la tecnología biométrica y algorítmica, como una de las áreas más propensas a las violaciones de derechos.
Agnès Callamard, secretaria general de la organización, ha asegurado durante la presentación del informe este martes que las tecnologías no reguladas “amenazan con acelerar el desmoronamiento del Estado de derecho”. “Los actores políticos las usan para difundir bulos, atacar a las minorías y obtener rédito entre la ciudadanía” en un año electoral clave como 2024, ha añadido. Callamard destaca casos como el de Serbia, que introdujo en 2023 un sistema de seguridad social automatizado que discriminó particularmente a la población romaní y a las personas con discapacidad. También en Francia se aprobó una ley de videovigilancia masiva asistida por IA con vistas a los Juegos Olímpicos del próximo verano.
Israel, por su parte, “ha reforzado las restricciones a la libertad de circulación” en los territorios palestinos ocupados por medio de estos sistemas, documenta la ONG. Y no solo eso. Una reciente investigación reveló que el ejército israelí utilizó la IA para rastrear y seleccionar a las víctimas de los bombardeos y matar así al menos a 15.000 palestinos durante las primeras siete semanas de conflicto en la franja de Gaza. Se estima que un 10% de los individuos marcados por esta tecnología como objetivos no lo eran.
Veto sin control
Precisamente, la guerra entre Israel y Hamás fue uno de los focos de vulneración de derechos de mayor envergadura durante el año pasado. La milicia palestina lanzó el 7 de octubre un ataque en el que mató a más de 1.200 personas y tomó como rehenes a otras 240. Amnistía califica estos actos de “crímenes de guerra”, una acusación que argumenta con los vídeos grabados por los propios milicianos, que muestran matanzas deliberadas a civiles, entre ellos mujeres y niños, además de hechos de violencia física, sexual y psicológica.
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El asalto provocó una respuesta sin ambages de Israel, que lanzó una ofensiva militar con bombardeos y una incursión terrestre que mataron a 21.600 palestinos en los últimos meses de 2023, según los datos del Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamás. “Los indicios de crímenes de guerra aumentaron a medida que las fuerzas israelíes bombardeaban campos de personas refugiadas y edificios residenciales abarrotados, aniquilando en repetidas ocasiones a familias enteras y destruyendo hospitales, escuelas gestionadas por la ONU, panaderías y otras infraestructuras esenciales”, denuncia la organización.
Para Amnistía, aunque ambos actores del conflicto violaron las leyes de la guerra al haber apuntado a la población civil, la respuesta internacional ha sido sesgada: “Algunos Estados […] siguieron suministrando a Israel armas que se utilizaron para cometer violaciones manifiestas de los derechos humanos. Esos Estados, que protestaron justificadamente por los crímenes de guerra cometidos por Hamás, han hecho gala de un doble rasero flagrante”. Estados Unidos, reprocha el informe, paralizó en diversas ocasiones la capacidad del Consejo de Seguridad de la ONU de exigir un alto el fuego.
Mientras tanto, Rusia y China también utilizaron su poder en el sistema internacional para evitar sanciones, sostiene la ONG. Moscú mantuvo su campaña militar sobre Ucrania, a la vez que impuso más restricciones sobre la libertad de expresión con medidas como la prohibición del movimiento LGTBI por “extremista”. Pekín, por su parte y siempre según Amnistía, censuró de manera generalizada protestas relacionadas con la oposición del Gobierno y “continuó atacando sistemáticamente a defensores de derechos humanos” y a la comunidad de uigures musulmanes.
Con estos argumentos, el informe exhorta a todos los Estados miembros de la ONU a reformar el Consejo de Seguridad “a fin de que los miembros permanentes no puedan utilizar su poder de veto sin control”. Callamard ha precisado durante la presentación, realizada en Londres, que “cuando los poderosos se posicionan por encima de la ley, se convierte en un arma a la que recurren muchos más”.
A pesar de la mala situación generalizada para los derechos humanos, al punto que la organización considera que está en peligro el orden internacional fundado tras la II Guerra Mundial, Amnistía destaca el “activismo incansable” de personas en todo el mundo. Entre los ejemplos que subraya están las mujeres en países como EE UU, Polonia o El Salvador, que reivindicaron el derecho al aborto; el movimiento climático, que está exponiendo su fuerza en los tribunales internacionales; y las manifestaciones en innumerables países para pedir la liberación de los rehenes y un alto el fuego en Gaza. “La gente ha dejado totalmente claro que quiere derechos humanos; ahora corresponde a los gobiernos mostrar que están escuchando”, ha afirmado Callamard.
“Aspectos preocupantes” en la ley de amnistía de España
El informe de Amnistía Internacional se detiene en España para alertar de que el proyecto de ley de amnistía del procès contiene «algunos aspectos preocupantes», como la inclusión de casos de uso excesivo de fuerza por la Policía Nacional y «la protección insuficiente de los derechos de las víctimas de delitos». Además, en otro apartado, critica los pocos avances de las investigaciones por el uso de programas espía contra periodistas, figuras políticas y miembros de la sociedad civil catalana.
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