La Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, celebrada en Sevilla del 30 de junio al 3 de julio, cerró con un sabor agridulce. Lo que pretendía ser una oportunidad histórica para redefinir las reglas del sistema financiero internacional y acelerar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible terminó con un documento final que ha sido ampliamente cuestionado por organizaciones de la sociedad civil, que lamentan su falta de ambición, claridad y voluntad política real.
El documento, conocido como «Compromiso de Sevilla», recibió el aval de la mayoría de las naciones asistentes, aunque careció del apoyo de ciertos países claves, como Estados Unidos, cuya falta de presencia influyó en el carácter de las discusiones. Según las organizaciones no gubernamentales, el texto no ofrece las soluciones necesarias para enfrentar la crisis de deuda que afecta a numerosos países en desarrollo, ni proporciona un estímulo efectivo para la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), cuyo declive pone en riesgo el aumento de la desigualdad a nivel mundial.
Durante los días previos al encuentro oficial, más de 1.500 representantes de organizaciones sociales se reunieron en el Foro de la Sociedad Civil, donde se consolidaron propuestas para una reforma integral del sistema económico global. Allí se insistió en la necesidad de establecer un mecanismo multilateral, independiente y jurídicamente vinculante para la reestructuración de la deuda soberana, que garantice la participación equitativa de países deudores y acreedores, evitando que los ajustes recaigan sistemáticamente sobre los más vulnerables. Sin embargo, el documento aprobado solo menciona, de manera vaga, la apertura de un proceso de debate dentro de la ONU sobre el tema, sin compromisos concretos ni plazos.
Según voceros de distintas redes internacionales, la oportunidad histórica de actuar con decisión en este tema fue desaprovechada. Más de 60 países destinan actualmente más del 10 % de su gasto público al servicio de la deuda, superando lo que invierten en salud y educación, mientras los mecanismos actuales de reestructuración siguen siendo opacos, lentos y dominados por instituciones con escasa representatividad.
Simultáneamente, la situación de la asistencia al desarrollo continúa siendo preocupante. La AOD disminuyó un 9 % en 2024 y se pronostica otro descenso este año, empeorado por los recortes anunciados por varios países donantes, incluidos Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Esta tendencia incide directamente en programas vitales como la inmunización infantil, la protección de personas refugiadas, y el acceso a educación y salud para mujeres y comunidades vulnerables. El Compromiso de Sevilla no incorpora medidas específicas para revertir esta situación, ni un calendario para alcanzar el objetivo del 0,7 % del PIB comprometido por los países desarrollados desde hace décadas.
A pesar de que varios especialistas subrayan el progreso en la iniciativa de aumentar tres veces la capacidad de crédito de los bancos multilaterales de desarrollo y el respaldo a proyectos fiscales globales, las entidades sociales afirman que estas acciones no son suficientes sin una reforma integral de las normas que regulan la economía mundial. Además, critican que numerosas naciones adineradas tienen un discurso contradictorio: prometen colaborar mientras reducen sus presupuestos y elevan su gasto en armamento.
La falta de presencia de Estados Unidos fue vista por ciertos participantes como una ocasión para que otros poderes, como la Unión Europea o China, asuman el liderazgo en la modificación del sistema. No obstante, esa ausencia también significó la pérdida de uno de los mayores financiadores y figuras cruciales, lo que disminuyó el impacto político de la reunión.
Las ONG coinciden en que la conferencia de Sevilla tuvo elementos positivos, como el reconocimiento de la necesidad de vincular el financiamiento al desarrollo con la lucha contra el cambio climático, pero critican la falta de herramientas concretas para garantizar su implementación. También reclaman que la participación de la sociedad civil sea más vinculante en futuros encuentros, y no solo testimonial.
Con la Agenda 2030 en peligro y una deuda global en aumento, la comunidad internacional tenía en Sevilla una oportunidad para reequilibrar las reglas del juego. Sin embargo, el resultado dejó más preguntas que respuestas. Para los activistas, el verdadero compromiso no se mide en declaraciones diplomáticas, sino en decisiones políticas que redistribuyan recursos, reconozcan responsabilidades históricas y garanticen el derecho al desarrollo para todas las naciones. Mientras eso no ocurra, los compromisos seguirán siendo, en palabras de los propios asistentes, buenas intenciones sin impacto real.
