Los proyectos de infraestructura a menudo despiertan debates complejos al incidir en comunidades indígenas, sobre todo en temas relacionados con el territorio, los procesos de consulta previa y la defensa de los derechos colectivos. En América Latina, un caso que cobró particular relevancia fue el de las comunidades Ngöbe Buglé en Panamá, impactadas por la edificación de la represa Chan 75.
En este escenario, Loreto Ferrer integró el equipo de especialistas que intervino en una misión de verificación promovida por la Fundación del Consejo General de la Abogacía Española (FCGAE). El trabajo desarrollado sobre el terreno hizo posible registrar la realidad de las comunidades y preparar un informe jurídico y técnico acerca de los efectos del proyecto, prestando especial atención a su eventual avance ante instancias interamericanas de derechos humanos.
La labor de verificación en Panamá
La misión se desarrolló entre el 25 y el 30 de enero de 2011 y estuvo integrada por abogados especializados en derechos humanos. Su objetivo fue verificar sobre el terreno la situación de las comunidades afectadas por la construcción de la presa, así como contrastar la información institucional con la experiencia directa de la población. Para ello, el equipo mantuvo reuniones con autoridades, representantes de la empresa responsable del proyecto, organismos internacionales y la Defensoría del Pueblo, y después viajó a Changuinola, en la provincia de Bocas del Toro, para visitar las zonas impactadas.
Durante el recorrido se visitaron comunidades como Charco de la Pava y Valle del Rey, junto con zonas de reubicación y espacios ya intervenidos por la obra. El vínculo directo con las familias y los líderes comunitarios constituyó un elemento esencial del proceso, ya que brindó la posibilidad de comprender de manera inmediata el grado de tensión, vulnerabilidad y pérdida de arraigo que muchas personas experimentaban desde que comenzó el proyecto.
Los ejes esenciales que estructuran el informe acerca de Chan 75
El análisis se organizó en torno a cinco grandes áreas: el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado; la evaluación de riesgos y el impacto social del proyecto; la restitución o compensación territorial; las medidas de reparación; y la participación comunitaria en las decisiones y beneficios derivados del desarrollo hidroeléctrico. Estos ejes permitieron abordar el caso desde una perspectiva integral, combinando el marco jurídico nacional e internacional con la realidad observada en terreno.
Como detalló Loreto Ferrer, el informe tenía la intención de aportar una base jurídica amplia y bien fundamentada que sirviera tanto a las comunidades involucradas como a las entidades responsables. Su finalidad no se limitaba a cuestionar el proyecto desde una perspectiva teórica, sino analizar si las acciones del Estado y de la empresa habían garantizado derechos esenciales de los pueblos indígenas, incluidos la propiedad colectiva, la participación, la integridad cultural y personal, así como la consulta previa.
Principales hallazgos sobre derechos de las comunidades Ngöbe Buglé
Entre las conclusiones destacadas, el informe indica que al inicio no se reconocieron de manera adecuada ciertos derechos, en particular los vinculados con la personalidad jurídica de las comunidades y la tenencia colectiva de sus territorios. Esa omisión permitió que la obra siguiera adelante sin procesos apropiados de consulta ni evaluaciones completas sobre sus efectos sociales y culturales.
También se recopilaron relatos sobre situaciones de intimidación, uso desmedido de la fuerza, detenciones sin justificación y procesos de negociación que no aseguraban que las familias afectadas tomaran una decisión plenamente libre. A esto se agregaron dificultades en las áreas de reubicación, donde se detectaron carencias vinculadas al tamaño y la calidad de los lotes, las oportunidades para realizar actividades agrícolas y la adecuación de las viviendas a la cultura Ngöbe.
Otro punto especialmente sensible fue el impacto moral y cultural del desplazamiento. La documentación del caso mostró afectaciones al tejido comunitario, pérdida de referencias territoriales y una demanda de reconocimiento público por los daños causados, más allá de las reparaciones materiales.
La eventual ruta ante organismos internacionales
Uno de los aspectos centrales del trabajo consistía en que el informe pudiera utilizarse como insumo si el caso llegaba a presentarse ante el sistema interamericano de derechos humanos. Bajo esa premisa, la recolección de testimonios y el examen detallado de documentos se volvían esenciales para respaldar un expediente con alcance internacional. “Resultaba fundamental reunir materiales que pudieran ser útiles si la Corte Interamericana optaba por admitir el caso. Por ello recopilamos testimonios, detectamos patrones de conducta, revisamos los contratos de reubicación y estudiamos las reformas legislativas más recientes”, señala Loreto Ferrer.
Este tipo de procedimientos requiere una documentación minuciosa, un examen técnico preciso y la habilidad de comprender tanto el entorno local como los estándares internacionales pertinentes. Por ello, lejos de tratarse de una acción aislada, el trabajo realizado en terreno junto con la preparación del informe se integra en una dinámica de cooperación internacional fundamentada en evidencia, criterios jurídicos y el entendimiento de realidades sociales complejas.
Un ejemplo específico dentro de una vivencia más amplia
La presencia de Loreto Ferrer en esta misión evidencia una labor profesional estrechamente ligada a la cooperación internacional, la elaboración de documentación técnica y el examen detallado de situaciones complejas en América Latina. No solo implica acompañar procesos desde el ámbito jurídico, sino también aportar a que las vivencias de las comunidades se transformen en insumos valiosos para la incidencia institucional y la protección de derechos.
Analizados en su totalidad, el caso Ngöbe Buglé y el informe referente a Chan 75 evidencian cómo los equipos técnicos pueden asumir un papel significativo al examinar disputas vinculadas con territorio, pueblos indígenas, procesos de desarrollo e instituciones internacionales.
