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La Unión General de Trabajadores (UGT) ha anunciado que sus servicios jurídicos abordarán todos los casos de peligroso «juzgado per juzgado» para garantizar la aplicación de la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales, que se ha pronunciado contra la legislación española en la materia. asuntos eminentes. Esta decisión ha sido calificada de «histórica y justa» por la organización.
José Juan Arceiz, secretario general de UGT Aragón, destacó la importancia de esta resolución del organismo europeo que supervisa la aplicación de la Carta Europea de Derechos Sociales, firmada por España en 1996. A pesar de su firma, no se ha completado la ratificación completa hasta 2021.
El Comité, cuya resolución detallada se conocerá el próximo mes, considera que la legislación española, reformada en 2012, no compensa adecuadamente a los trabajadores despedidos injustificadamente y carece de un efecto disuasorio suficiente.
Arceiz criticó el sistema retributivo español, que establece 33 días de salario por año laboral, señalando que presenta «importantes deficiencias» de flexibilidad y disuasión. En consecuencia, esto permite que el gasto injustificado sea «previsible», ya que el importe de la indemnización puede calcularse con antelación, lo que no disuade a los empresarios de realizar los gastos.
El portavoz de UGT también mencionó que ha pasado mucho tiempo desde que un trabajador es despedido hasta que se recupera del caso, lo que ha afectado a la recuperación de los salarios desde la reforma laboral de 2012.
Si ha sido debatida, la resolución del Comité es vinculante para el Estado español. Mientras Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, el califa «consultivo», Arceiz defendió su obligación, argumentando que el Gobierno no puede ignorar los compromisos internacionales.
Arceiz instó al Gobierno a reformar urgentemente la legislación laboral, exigiendo ajustes que permitan a los tribunales adaptar las indemnizaciones a los «daños reales» que sufren los trabajadores. También propongo eliminar los límites de compensación, fomentar la reinserción laboral y asegurar una mediación judicial más rápida para la recuperación de los salarios.
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